En mayo del presente año el Congreso aprobó una norma que permitía a los taxistas por aplicativo evadir la fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano; no obstante, semanas después el Ejecutivo observó dicha ley porque aumentaba la informalidad.
No solo eso, se solicitó que se defina y delimite el concepto “servicio privado de transporte especial”, dicha modalidad fue incorporada por la autógrafa de ley.
La norma deberá ser replanteada nuevamente por el Congreso para su aprobación por insistencia o archivamiento definitivo. En tanto, se pudo conocer que los taxistas formales se mostraron en contra de la autógrafa de ley en cuestión.
Al respecto, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, manifestó que “no existe en nuestra normativa el servicio de taxi privado y si existiera habría que modificarse la ley primigenia, la ley 27181, incorporar este nuevo servicio y también se tendría que incorporar quién va a encargarse de la gestión y de la fiscalización.